La necesidad de la televisión pública en el escenario mediático


A razón de la (in)esperada noticia del cierre de la televisión pública griega ayer, uno se plantea la necesidad de un medio público como requisito básico en un sistema democrático. Aunque los intereses políticos del gobierno parecen pesar más que ello…. Grecia, el primer país europeo azuzado duramente por esta dilatada crisis, ahora queda sin ese servicio. Nuestra televisión pública, desde su nacimiento, siempre ha cojeado a la hora de alcanzar su verdadera función social… Y nosotros, que acabamos viendo en el país mediterráneo el reflejo de nuestro augurio, deberíamos reflexionar sobre nuestra TVE.

Televisión Española nació en 1956. Su voluntad fue para dar servicio a la sociedad. Su primera emisión, aunque a un reducido nivel de teleespectadores, fue un partido de fútbol: entre el Madrid y el Santander. Una emisión deportiva como interés público. En plena dictadura franquista, España necesitaba tener una distracción. Un contexto político necesario de remarcar. Algo que hiciera desviar la atención de los ciudadanos a algo meramente propagandístico. Si bien la televisión pública nace en Europa como un medio donde democratizar el control del gobierno sobre el pueblo, el franquismo impuso una televisión que era del régimen y no del Estado, perdiendo de esta forma su naturaleza de servicio a la ciudadanía y a la sociedad.

El régimen no entendió los canales como un espacio donde difundir información plural, es decir, democrática, sino una utilidad propagandística,

con censura, y sin pluralidad de opiniones. Era un altavoz del gobierno y no del Estado, de la población. Ya fue de las televisiones públicas más tardías en crearse en Europa. En eso también tuvimos que estar en la cola de Europa. Dentro de la industria cultural española, la televisión quedaba en un segundo plano en su inicio. De hecho costó que se asentara en los hogares de las familias españolas. La coyuntura económica por la que pasaba el país, la falta de libertad de expresión, y el concebir el soporte como un medio de difusión de interés público, tardó años hasta consolidarse y convertirse en algo universal. Y TVE se convirtió en una empresa que monopolizaba la televisión. Sería pública, pero el telespectador solo disponía de un canal (dos, pero uno sucedáneo del otro), por lo que la pluralidad seguía sin existir. Con el cierre de una etapa (el franquismo) y la llegada de una pueril democracia, entró en juego la Ley del Tercer Canal en 1984, lo que ampliaba el campo de opciones: televisiones autonómicas. Más canales, públicos, daban cobertura a la sociedad y convirtiendo en la televisión en un paralelismo de los gobiernos: franquismo, un canal, democracia, más canales. En 1988 se da un paso más: La Ley de la Televisión Privada, para pasar a manos de empresas de gestión privada canales de televisión. El espacio radioeléctrico se liberalizaba y ya no necesitarían financiarse del Estado los canales que se crearan.

A partir de aquí, lo que podía ser el espacio ideal del panorama televisivo para los ciudadanos, un lugar plural, con un abanico de opciones para así democratizar realmente la televisión, empresarialmente no cundía. Los anunciantes también tendrían más opciones, más canales y más repartición de gasto. Por lo que la financiación a través de la publicidad para la televisión pública empezaba a ser un problema. Los canales privados ofrecían diversión, no deben rendir “cuentas a la sociedad”, por lo que pueden decidir lo que emiten con total soberanía. Y alineando al espectador, los índices de audiencia, esa tiranía que ordena quién puede y quién no constar en la parrilla televisiva bajo la vara de 3.000 audímetros, dejan la balanza a favor de las privadas. Por ello, pese a que la televisión pública, una vez entró en este panorama en 1988, en vez de decidir mantenerse al margen de esa autocracia de los audímetros, quiso formar parte del mismo escenario, compitiendo con calidad, lo que otros competían con cantidad. Eso les conllevó a perder de forma drástica ingresos en publicidad. Los anunciantes preferían depositar su confianza en las cadenas privadas, pagar más, pero con la garantía que les vería más espectadores. Y retirando a un lado televisión española.

La situación cambia drásticamente: mientras que al principio de su creación, era necesario completar la oferta televisiva para crear ese espacio democrático y plural de un medio de comunicación, ello se convierte en la desdicha de la televisión pública. Esta, que con el fin del franquismo asume su función natural de servir a la ciudadanía con un compromiso de calidad, exigencia ética y aportando una serie de valores a la sociedad, pero la liberalización Radioeléctrica le augura una deuda insostenible. Desde la entrada en el s. XXI, la Televisión Española acumula una deuda superior a 7.500 millones de euros, aunque con la Ley 17/2006 consiguen poner un tope al endeudamiento para así obtener de sus balances anuales un déficit de cero. Pero por otra parte, decidió prescindir en 2010 de los ingresos de la publicidad (Ley 8/2009). Podía ser un hecho totalmente lógico y coherente con su función social. Algo indiscutible. Pero algo que debieron haber replanteado cuando el escenario del monopolio se rompió con la llegada de las cadenas privadas, y no 20 años más tarde. El problema reside en que la cadena pública, pese a mejorar su servicio, siempre ha estado como juguete de maniobra de los distintos gobiernos que ha contado España. Han querido competir con las cadenas privadas, olvidando que estas solo buscan el lucro y, de paso, entretener a la sociedad sin responsabilidad alguna del mensaje final que den. No debía la televisión pública competir en cuota de audiencia. Sino en competencia de calidad, de información., de contenido.

Aunque a día de hoy han decidido solo financiarse con fondos públicos, y prescindir de la financiación privada, como no, ha dado una respuesta aún más favorable para la competencia privada. Ahora estas se reparten entre ellas el pastel de la publicidad, lo que aún les da mayores ingresos y ser más líderes de esa tirana audiencia.

Ha conllevado a una reducción de presupuestos para la pública. Con mayor dignidad y más coherencia, sí, pero con menos presupuestos para garantizar esa calidad que deben fomentar. Los programas culturales, los que den cobertura a noticias de gran interés y relieve mediático, como por ejemplo programas de reporterismo que difunda información internacional, conlleva unos gastos que a día de hoy la televisión pública no puede disfrutar. Ha reducido su oferta cultural e informativa; el número de corresponsales, la calidad de sus periodistas. Un ejemplo claro es la supresión del programa ‘España Directo’, que dejó en la calle a cientos de trabajadores de obra y servicio (ni tan siquiera eran trabajadores públicos) . La razón: demasiado caro para las arcas públicas. Una emisión diaria del programa salía por unos 40.000 euros, según calculó en su día ‘Vertele’. Un coste fuera del alcance del consejo de administración de RTVE, según ellos mismos. Y como ‘España Directo’, más programas eliminados de la parrilla, no por audiencia, ni por calidad; sino por coste.

Quizás TVE y sus consejeros deberán salir del cubo de Rubik en el que se ven metidos desde hace más de 50 años y apreciar la problemática desde la distancia, desde una nueva perspectiva. Como tomar ejemplo de canales públicos europeos que ya asumieron hace años una correcta financiación de la televisión pública con tal de garantizar su continuidad. Su continuidad de calidad y de pluralidad. Porque es de todos, la necesitamos.

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